Plaza Mayor: Una polémica y su historia

El último pleno celebrado en la ciudad ha vuelto a poner sobre la mesa la situación de la Plaza Mayor de Chiclana y la revitalización del centro. Años y años de debates, denuncias, incumplimientos de la concesionaria, cambios de empresas y recurso tras recurso.

La propuesta presentada por el PSOE local incluía el posible traslado de la Escuela Oficial de Idiomas desde las instalaciones de El Campito hasta el edificio construido en la Plaza Mayor y que tras largos años, parece que ya cuenta con la posibilidad de ponerse en marcha.

Las razones para expropiar la antigua manzana donde hoy se levanta la Plaza Mayor, los posibles intereses, las razones sentimentales, la ideología, el desarrollo de las obras y la marejada política quedan para un artículo de opinión que publicaremos más adelante. Ahora toca saber cómo se ha llegado hasta aquí y dejar la puerta abierta a posibles soluciones.

De 2006 a 2017: Once años y seguimos contando

En enero de 2006 se firmaba el contrato que recogía la concesión a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Plaza Mayor de Chiclana Aires Sur-MP participada al 50 por ciento por las  empresas MacPuar Servicios Industriales, SL. y Aire Sur, Desarrollos inmobiliarios. Dicha concesión permitía a la UTE la construcción de un parking subterráneo, la construcción de un edificio destinado a actividades económicas en superficie y la explotación de ambas instalaciones. Como parte del pliego de condiciones, la reurbanización de la Plaza Mayor correría por parte de la adjudicataria.

Dicha concesión, 40 años, contempla el pago de un canon de 58.000 euros anuales –actualizable con el IPC-  por parte de la concesionaria.

2010

Casi cinco años después, en septiembre de 2010, la UTE pide la cesión de la concesión a favor de la empresa SOLARMAC, SL, perteneciente también al grupo de empresas MP.

Dos semanas más tarde, a pesar de que el Servicio de Contratación y Patrimonio emite un informe (30/9/10) en contra de tal petición, el pleno del Ayuntamiento (4/10/10) aprueba la cesión a SOLARMAC a petición de la Delegación de Patrimonio. Catorce días después, (27/10/10) la UTE Plaza Mayor de Chiclana Aire Sur-MP hace efectiva la transmisión mediante escritura pública a favor de SOLARMAC SL.

Basándose en los informes municipales, el Partido Popular presenta un recurso de reposición contra lo aprobado por el pleno el día 4 de octubre. Dicho de otro modo, será el pleno quien vuelva a tratar ese asunto.

Nuevamente (29/11/10), el Servicio de Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento se ratifica en lo que decía en su informe anterior: “No se cumplen los plazos recogidos en las leyes” para poder realizar ese cambio.

En el pleno de diciembre de 2010 salta la sorpresa. Nadine Fernández (IU) y María de los Ángeles Polanco (PSA), socias de gobierno del PSOE, se abstienen en la votación argumentando que no participaron en el proyecto. El PSOE aporta informes no elaborados por los servicios del Ayuntamiento que no son dados por buenos. La abstención de las dos concejalas y la ausencia de otras dos personas del PSOE hacen que la oposición tumbe el acuerdo plenario anterior y, por tanto, se anule la cesión a SOLARMAC. Andrés Núñez expone que esa nueva situación podría conducirnos a tener que pagar a la empresa ocho millones de euros en concepto de indemnización, algo que el PSOE confirma. La empresa recurre ante la justicia.

2012

Llegamos a 2012, julio. El Ayuntamiento inicia un procedimiento sancionador contra la empresa por no abonar el canon correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011. Un total de 180.000 euros.

Mientras tanto la UTE cambia de nombre pasando a ser Plaza Mayor de Chiclana, Unión Temporal de Empresas y de paso, las sociedades que la formaban transfieren sus derechos a MP Corporación de Activos Industriales, S.L. Y MAC PUAR Urbantech, SL.

Aire Sur Desarrollos Inmobiliarios cambió su denominación a Aire Sur, Desarrollo de Proyectos en octubre de 2010. Entra en disolución voluntaria en abril de 2012.

Justo este baile de sociedades hace que se presente un recurso por parte de la concesionaria contra la imposición de penalidades al alegar que son empresas diferentes. Algo que los servicios jurídicos del Ayuntamiento rechazan porque deberían haber contado con la autorización previa de éste, antes del citado cambio societario.

Con ese informe, el pleno de noviembre de 2012, acuerda la penalización mínima por incumplimiento del convenio (la falta de pago del canon), imponiendo la sanción mínima (15 por ciento de la última anualidad) por un importe de 9.166,58 euros.

2013

En abril de 2013, un nuevo recurso provoca que el pleno tenga que suspender esas penalidades al haber caducado. PP y PVRE, dicen que se volvería a tramitar el expediente.

Mayo de 2013. Ahora es Román quien presenta un recurso contra esa suspensión. Al no haber votado en contra en el pleno anterior -se abstuvo-, no puede recurrir.

2014

SOLARMAC, S.L. solicita y abona licencia de obra mayor para “instalación de línea subterránea de media tensión”. Dicho de otro modo, llevar la “luz” al edificio.

2015

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de Cádiz da la razón a la adjudicataria y anula los acuerdos del pleno de diciembre de 2010 sobre este tema. Se procede a cambiar la concesión a UTE MC Corporación Activos Industriales SL y Mac Puar Urbatech SL. Éstas ya han cedido sus derechos a SOLARMAC SL.

2016

En junio de 2016, dos años después de la primera solicitud, SOLARMAC, S.L., vuelve a pedir la licencia. En agosto de ese mismo año, se le concede la licencia de obra mayor.

2017

Mayo. Como ha sido publicado por varios medios, el pleno municipal de octubre ha rechazado la única propuesta sobre la mesa para dar contenido a la edificación. La propuesta presentada por el PSOE incluye el traslado de la Escuela de Idiomas a este edificio a cambio de rescatar con dinero público un tercio del edificio.

El pleno celebrado en mayo, aprobó ese rescate parcial. El objeto sería rescatar 1.852,59 metros cuadrados del edificio por los que habría que pagar a la concesionaria 755.838,95 euros más I.V.A. en concepto de la construcción. Además, habría que pagar 545.720,40 euros en concepto de daños y perjuicios al tratarse de una resolución parcial de la concesión. Una suma total de 1.460.285,53 euros. Esto se haría efectivo abonando un primer pago de 948.000 euros en 2017 y 256.142,76 euros en 2018 y el mismo importe en 2019.

Tras el debate, el pleno aprueba ese rescate con los votos a favor del PSOE y Ganemos (12 votos) y 11 votos en contra (PP, IU y PCSSP). Hubo una ausencia por parte de IU, otra por parte del PP y la del único concejal no adscrito.

Un nuevo recurso del PP nos lleva a una nueva sesión plenaria. En esta ocasión, con el pleno al completo, toda la  oposición se une para revocar el acuerdo plenario anterior y anular el rescate parcial aprobado en mayo.

A día de hoy, el edificio, por fin, cuenta con la licencia de primera ocupación y sigue pendiente de pago del canon de varias anualidades por parte de la empresa concesionaria.

Un último detalle

Aunque la palabra recurso aparece en esta historia varias veces, hay que diferenciar entre “recurso de reposición” y “recurso contecioso-administrativo”.

El primero, de reposición, se interpone contra el órgano que tomó una decisión. En este caso, los recursos de reposición se presentan ante el pleno municipal, puesto que fue el pleno quien tomó una decisión.

El contencioso-administrativo se presenta ante la justicia ordinaria y son los tribunales quienes han de decidir.

¿Y ahora?

Tras toda esta peripecia política-judicial, lo único cierto es que la zona sigue sin vida. El proyecto vuelve a sufrir un parón y la única propuesta sobre la mesa es la presentada por el PSOE local.

Habrá que esperar a que surjan nuevas propuestas o nuevos acuerdos para que se encuentre una solución a este tema. Hemos obviado algunos detalles en cuanto a las polémicas sobre la propia construcción, el desarrollo de las obras, etc., pero esperamos que esta información les sea útil para hacerse una idea de tanta ida y venida en un proyecto crucial para la ciudad.

De todos modos, y para terminar el artículo, hay demasiados cabos sueltos en todo el proyecto como para poder afirmar que se ha llegado a una conclusión. En un nuevo artículo, esta vez de opinión, mostraremos unos cuantos interrogantes que aún faltan por resolver.

Toda esta información ha sido constrastada mediante documentos oficiales. Varios cientos de folios que forman parte de actas de plenos municipales, pliego de condiciones para la adjudicación, informes de diversas áreas municipales, sentencias judiciales, etc.